Los municipios mexicanos están afectados por una normatividad asfixiante, que les da tantas competencias que resultan inabarcables; además, afrontan un problema de diseño entre las funciones de los integrantes del cabildo y las de los funcionarios, no aprovechan sus facultades reglamentarias y, en resumen, son el eslabón más débil de la cadena en fenómenos tan importantes como la corrupción o el de la inseguridad que lastran a todo el país.