Comunicado de prensa 001/2008

LA EDUCACIÓN INDÍGENA, TEMA PENDIENTE DEL CONSTITUCIONALISMO DE 1917

El investigador de El Colegio Mexiquense, A. C., Carlos Escalante, aborda el tema de La educación indígena como dilema constitucional: el debate de 1917 en el Estado de México.

Zinacantepec, Estado de México, 5 de febrero de 2008.

A pesar de que el tema de la educación indígena en el Estado de México fue tema de debate entre los Constituyentes de 1917, ésta no llegó a concretarse debido a que tanto la elite política como la intelectual de finales del XIX y principios del XX percibieron al indígena como un sujeto inferior, incapaz de entender las nociones de progreso y modernidad, y limitaron el acceso de este sector a los beneficios de la enseñanza, dijo el maestro Carlos Escalante Fernández.

Al abordar el tema de La educación indígena como dilema constitucional: el debate de 1917 en el Estado de México, el investigador de El Colegio Mexiquense, A.C. mencionó que, en términos generales, al término de la Revolución Mexicana de 1910, los gobiernos diseñaron instituciones y programas educativos con pocos recursos, carentes de imaginación pedagógica que en la mayoría de los casos se convirtieron en meros paliativos, pero que fueron presentados por las autoridades gubernamentales como la constatación de su genuina preocupación por mejorar la situación de los sectores marginados.

Indicó que las escuelas rudimentarias que fueron creadas a nivel federal en los últimos años del Porfiriato han sido calificadas como "escuelas de peor es nada", porque los alumnos acudían por poco tiempo para aprender el idioma castellano. En el caso del Estado de México, el debate en torno a esta cuestión generó posiciones encontradas entre los Constituyentes y se retomó la experiencia del gobernador José Vicente Villada quien en los años de 1889 y 1904 había hecho varias iniciativas para que tanto hombres como mujeres de los grupos étnicos de la entidad ingresaran becados al Instituto Científico y Literario para que aprendieran algún oficio o arte, o bien se convirtieran en maestros de tercera clase.

Aunque otro proyecto relativo a crear escuelas especiales para indígenas quedó plasmado en el texto constitucional, éste no cristalizó. Los integrantes del Congreso que se constituyó en el Estado de México, a diferencia del Congreso Federal Constituyente, éstos no habían tenido una participación en las filas del Constitucionalismo y eran más bien profesionistas, funcionarios públicos o notables ligados en todo caso a redes políticas locales, lo que contribuye a explicar el destino de la propuesta educativa para los grupos indígenas.

El investigador explicó que entre el 27 de junio y el 31 de octubre de 1917 los diputados se reunieron para elaborar la Constitución y esto empezó con un proyecto en el que tomó parte, entre otros el entonces secretario general de Gobierno, Andrés Molina Enríquez, el cual refleja claramente muchas de las preocupaciones de este ilustre mexiquense en torno a los grandes problemas nacionales.

Andrés Molina Enríquez participó en la redacción del Artículo 27 de la Constitución federal de 1917, pero también tenía una larga experiencia al frente del Departamento de Etnología en el Museo Nacional de Arqueología, Etnología e Historia, donde entró en contacto con las escuelas rudimentarias que padecían de una pobreza pedagógica notoria, razón que lo llevó a pedir a Elizabeth Ramírez Castañeda -la primera mujer arqueóloga del país- redactar un libro de enseñanza, de lectura y escritura que después sería traducido al idioma mexicano.

Pensadores de la época como Guillermo Bonfil Batalla y Molina Enríquez comprendieron que los problemas que afrontaba la población indígena eran una parte de la situación nacional y por lo tanto no podían verse como realidades aisladas. Para ellos el reto central fue la incorporación del indígena a la nación, y pugnaron por el establecimiento de un sistema educativo acorde a sus requerimientos a partir de tres ideas fundamentales: primero el establecimiento de escuelas especiales en todas las poblaciones indígenas que hablaran su idioma original y desconocieran la lengua castellana; segundo que estas escuelas se regirían por disposiciones especiales dictadas en relación con las condiciones de desarrollo evolutivo de las poblaciones y de acuerdo con la índole mental de sus individuos, y tercero que estas escuelas fueran sostenidas por el Estado y estarían a cargo del Ejecutivo.

Si bien el debate de las escuelas rudimentarias se dio en todo el país, cuando fue aprobada la Constitución las propuestas fundamentales quedaron ahí plasmadas, pero existen algunas lagunas de lo que sucedió posteriormente, pues poco después en el Estado de México se discutió, elaboró y aprobó la Ley General de Educación que se apartó del texto constitucional y no se volvió a hablar más de las escuelas especiales para indígenas, por lo que en la práctica no se pudo probar el funcionamiento de estos establecimientos que iban destinados al sector indígena estatal, puntualizó el maestro Escalante.